La Ley de flagrancia, cada vez más utilizada por los fiscales, los obliga a solicitar informes permanentemente a la División Antecedentes Personales de la Policía. Así, según fuentes tribunalicias, al menos dos investigadores del Centro Judicial Capital detectaron irregularidades similares a las denunciadas por el fiscal Edgardo Sánchez, de Concepción. Sin embargo, al menos por ahora, no notificaron sobre esta situación al ministro fiscal, Luis De Mitri.

Justamente, el representante del Ministerio Público deberá decidir qué curso toma el informe presentado por Sánchez.

Debido a que la oficina policial está situada en la capital, debería ser un fiscal de esta ciudad quien investigue el caso.

Además, el fiscal de Concepción le solicitó a De Mitri que, por su intermedio, se le requiera al ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, una urgente auditoría en la oficina policial para determinar cuál es la situación y depurar los prontuarios duplicados.